Estudio detectó la quiebra de 244 empresas del rubro de la construcción en 3 semestres
- ¿QUÉ PASÓ?
Según datos arrojados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), 244 empresas del rubro de la construcción solicitaron su quiebra durante los últimos tres semestres.
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- ANTECEDENTES
El estudio detectó que 58 empresas del sector de la construcción quebraron el primer semestre de 2021, a las que se suman 76 del segundo semestre del año pasado y 110 compañías quebradas durante el primer semestre del presente año.
La investigación realizada por el director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, Aramando Durán, plantea que el cierre de estas constructoras “es el reflejo del grave problema en que se encuentra la actividad económica en Chile”.
En este contexto, el académico aseguró que “las quiebras generan un efecto dominó de daño sobre los acreedores, fabricantes, subcontratistas y toda la cadena logística del desarrollo de proyectos”.
- Resultados del estudio
En el primer semestre de 2021, el sector de construcción alcanzó las 58 empresas declaradas en quiebra de un total de 253 compañías a nivel nacional, lo que equivale a un 23%, siendo el sector más afectado en este período.
En tanto, durante el segundo semestre del año pasado, las 76 empresas quebradas, corresponden al 27% del total, que alcanzó las 282 instituciones, lo que significó un alza de un 4% respecto al período anterior, continuando la tendencia de ser el rubro más afectado por esta situación, sustentó el estudio.
De tal manera que, en el primer semestre de este año el país registró la quiebra de 110 constructoras, de un total de 308 empresas nacionales que se encontraban en este proceso, lo que equivale a un 36% del total, siendo nuevamente el sector más afectado, con un incremento del 9% respecto al semestre anterior.
- La realidad no es distinta en regiones
El estudio detectó que las quiebras no se relacionan con la ciudad de origen o ubicación geográfica de las empresas, sino que con proyectos que fueron adjudicados con precios de dos años atrás, y que ahora han tenido un aumento inviable debido a la inflación.
En esta línea, el especialista señaló que “el Estado de Chile, una vez que adjudica fondos, no puede actualizarlos posteriormente, aunque los precios de los materiales suban, por ello muchos proyectos no pueden realizarse ni financiarse con precios obsoletos”.
Lo que conlleva a que, al no concretarse los proyectos, las empresas debieron solicitar créditos bancarios convencionales, generando un sobreendeudamiento. “Tuvieron que asumir las restricciones y alzas en las tasas de los créditos con entidades financieras”.
En específico, “esta situación afectará directamente el crecimiento del país en materias de infraestructura y descentralización, con lo que algunas regiones se verán nuevamente postergadas”, concluyó el académico.
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