Dictan prisión preventiva para exbrigadista y bombero imputados por megaincendio que dejó más de 130 muertos
- ¿Qué está pasando?
Este sábado, el Juzgado de Garantía de Valparaíso ordenó la prisión preventiva para el exbrigadista y el bombero imputados por el megaincendio que azotó a la región en febrero pasado.
Se trata de Franco Molina y Francisco Mundaca, respectivamente. A ambos se les imputó el delito de incendio con resultado de muerte, por los siniestros que arrasaron el complejo Las Tablas, de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, y afectó a múltiples sectores de Viña del Mar y Quilpué, dejando más de un centenar de muertos y alrededor de 16 mil damnificados, según consigna BioBioChile.
En la audiencia, la jueza Jeanette Oliva acreditó los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, donde se apuntó a que ambos acusados manejaban información privilegiada, lo que habría permitido establecer con premeditación cuatro focos en la zona.
La magistrada determinó que se trata de “dos imputados que conocían la vegetación y las condiciones atmosféricas de la zona” al momento de ocurridos los hechos.
- Posible motivación económica de exbrigadista: Habría invitado a bombero para iniciar incendios
Y es que, de acuerdo con los antecedentes, tanto el bombero como el exbrigadista de Conaf sabían que ese 2 febrero muchos de los voluntarios de Bomberos de Valparaíso se encontraban apoyando otros siniestros que afectaron a la Región de O’Higgins.
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Incluso, se abordó una posible motivación económica por parte del exfuncionario forestal hacia el voluntario de Bomberos, lo que deberá ser esclarecido en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.
“Entendemos que estos fines mezquinos, objetivos mezquinos que se persiguieron en este caso al momento de generar esta catástrofe, desde luego dan cuenta de la participación”, acusó.
Con todos estos antecedentes, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, lo que fue acogido por el tribunal. Además, se consideró que la libertad de ambos representa un peligro para seguridad de la sociedad.
Por último, se estableció un plazo de 6 meses para el desarrollo de la investigación por este caso.
