Monsalve afirma que “cuatro o cinco” alcaldes de la Región Metropolitana reciben protección policial
Después de conocerse la información de que Javiera Reyes Jara (PC), alcaldesa de Lo Espejo, comenzó a recibir protección policial tras miembros de su equipo recibir amenazas, el subsecretario del Interior , Manuel Monsalve Benavides precisó que en este momento hay “cuatro o cinco” jefes comunales con este tipo de medidas de seguridad en la Región Metropolitana, consigna BioBioChile.
“La mayoría de los alcaldes que están con medidas de protección ha recibido amenazas, y las amenazas normalmente están vinculadas a las declaraciones que ellos han hecho o las acciones que han emprendido contra determinados delincuentes, asociaciones delictuales o grupos delictuales en sus territorios”, dijo Monsalve en entrevista para la Radio Cooperativa.
El subsecretario explicó que “cuando hay una denuncia por amenaza contra la autoridad, el que decreta las medidas de protección no es el Gobierno. Es el Ministerio Público, o sea, un fiscal. Esto, porque había un debate hace unas semanas respecto a que testigos protegidos o personas con medidas de protección eventualmente habían sido identificadas”.
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“Si es testigo protegido, el Gobierno no sabe quién es el testigo, porque evidentemente es un testigo protegido que solamente su nombre y su identidad la sabe el Ministerio Público y, por lo tanto, es el Ministerio Público el que determina la medida de protección”, apuntó, antes de añadir que aun sobre este debate, realizó una reunión recientemente con el fiscal nacional, Ángel Valencia, “para poder preguntarle si es que él consideraba que había que fortalecer las herramientas que él tenía para tomar medidas de protección ya sea sobre autoridades, pero, sobre todo, sobre víctimas y testigos”.
“(Con la Fiscalía Nacional) estamos haciendo en este momento un trabajo conjunto, formamos un equipo conjunto, y esperamos, en el marco del gabinete proseguridad que dirige el Presidente de la República, hacer una propuesta conjunta entre el Ministerio Público y la Subsecretaría del Interior con el objeto de proponer un fortalecimiento de las capacidades que la Fiscalía tiene para decretar medidas de protección por dos razones: porque hoy día los riesgos son más altos y porque tenemos más testigos en casos donde se persiguen organizaciones criminales”, destacó Monsalve a la radio.
