Noticias Chile | Primer cambio significativo de la nueva contralora en relación a los empleados públicos a contrata que son despedidos
- ¿Qué pasó?
La reciente contralora general de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, firmó un controvertido dictamen acerca de la protección laboral de los servidores públicos a contrata (plazo fijo de un año). En adelante, la confianza legítima deberá ser decidida por los tribunales de justicia y no por la Contraloría General de la República, según consigna Meganoticias.
Durante su gestión, el excontralor Jorge Bermúdez fortaleció ese derecho adquirido a través del tiempo. Es decir, si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, podía tener la confianza legítima de que se le iba a volver a renovar y que solo podía ser desvinculado a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo.
No obstante, Pérez emitió un pronunciamiento que determina que, a partir de ahora, la Contraloría se mantendrá al margen de pronunciarse sobre los reclamos por la vulneración del principio de confianza legítima, en relación a funcionarios públicos a contrata que son despedidos.
- ¿A qué se debe la decisión de la nueva contralora?
Según los argumentos de Pérez, esta materia se ha ido judicializando y, al resolver los recursos de protección presentados por los empleados públicos desvinculados, la Corte Suprema cambió el criterio de Bermúdez de dos a cinco años para la confianza legítima.
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Es decir, de acuerdo al nuevo criterio establecido por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, el principio de confianza legítima opera después de cinco años para los empleados públicos a contrata, por lo que si se les desvincula antes de ese período no se configura un actuar ilegal o arbitrario.
Concretamente, debido a este criterio de los tribunales, el dictamen establece que esta situación “impide a esta entidad fiscalizadora emitir pronunciamiento en aquellos casos en que se plantea un asunto de naturaleza litigiosa; corresponde que, en lo sucesivo, se abstenga de resolver sobre la apuntada materia”.
Por esa razón, con el fallo de Pérez, estos empleados ya no tendrán la opción de demandar a la Contraloría para exigir la confianza legítima, y deberán acudir a las cortes de apelaciones correspondientes a través de un recurso de protección.
