“$ 2 mil millones por ‘La Cenicienta’ y faltas administrativas”: la acusación de los concejales de Maipú que llevaron a exalcaldesa Cathy Barriga a la justicia

• ¿QUÉ PASÓ?

Esta semana fue declarado admisible el requerimiento presentado por siete concejales de Maipú ante el Primer Tribunal Electoral de la región Metropolitana, contra la exalcaldesa de la comuna, Cathy Barriga Guerra (49).

Fue en diciembre del 2021 cuando fue expuesto el requerimiento por parte de las siete autoridades: dos pertenecientes al Partido Comunes, uno del Partido Comunista, uno del Partido Socialista, otro del Partido Ecologista Verde, uno de Revolución Democrática y un independiente. Los concejales acusan un notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad administrativa, en la labor de la exedil.

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• ANTECEDENTES

El recurso fue presentado por las abogadas Claudia Sarmiento y Elisa Walker, y el abogado William García.

“Con este requerimiento, que he liderado desde hace seis meses, hemos presentado bastante evidencia que nos permite afirmar que hubo graves irregularidades por parte de la exalcaldesa Cathy Barriga”, declaró la concejala Camila “K” Quiroz (Comunes).

“Ante ello, el objetivo que tenemos los siete concejales denunciantes es que no exista impunidad por el daño que se le hizo a la comuna, a sus vecinas y vecinos, con el despilfarro de recursos de la gestión anterior”, agregó “K” en conversación con La Tercera.

Ya que el tribunal declaró admisible el recurso, la exedil arriesga la máxima sanción, correspondiente a la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por cinco años.

Quiroz explicó que la acción busca que se cree un “precedente para que nunca más llegue una autoridad que sienta el poder de destruir un municipio a costa de todos los vecinos y vecinas”.

Por su parte, Sarmiento aseguró que el “objetivo principal de este requerimiento es establecer la responsabilidad de la exalcaldesa por las faltas a la probidad administrativas e incumplimiento de deberes propios de su cargo que se cometieron durante la administración y que, por lo demás, han tenido graves consecuencias para los habitantes de la comuna de Maipú”.

• GASTOS MILLONARIOS

A la exalcaldesa se le responsabiliza por faltas administrativas graves, entre las que se incluye un viaje a Argentina, junto a un grupo de funcionarios municipales, que significó un desembolso cercano a los dos mil millones de pesos. El viaje tuvo por objetivo ir a un show musical de La Cenicienta en la ciudad de Mendoza.

Los concejales acusan que “para proceder a autorizar los gastos incurridos en el viaje realizado a Argentina, la Municipalidad de Maipú utilizó un reglamento interno que se llama ‘Procedimiento para la autorización y pagos de viáticos por concepto de comisiones de servicios y cometidos de funcionarios de la Municipalidad de Maipú’. Del análisis efectuado por la Contraloría se pudo desprender que dicho reglamento no tenía vigencia normativa”.

Esto quiere decir, según detalla el documento presentado ante la justicia electoral, que “al momento de efectuar los gastos para poder llevar a un viaje internacional a funcionarios de la municipalidad, tanto de planta como de honorarios, el municipio no contaba con ninguna norma que permitiese desembolsar ese gasto o que lo regulase, y lo que es peor aún se utilizó como antecedente habilitante una norma que no tenía ninguna validez”.

Además, el informe indica que “el viaje objeto de la investigación de la Contraloría tiene su origen en dos invitaciones que hizo el Concejo de la Municipalidad de Maipú de Argentina a su homónimo de Chile. La municipalidad no pudo acreditar la existencia de ningún tipo de convenio entre la Municipalidad de Maipú chilena y la Municipalidad de Maipú argentina”.

La Contraloría detectó que “el decreto que autorizó la gira, dando paso a los gastos que se emplearon para llevarlo a cabo, fue dictado casi dos meses después de la realización del mismo viaje”. Asimismo, los concejales acusan que “la invitación efectuada por el municipio argentino a la Municipalidad de Maipú se efectuó para que la Escuela de Artes de Maipú (ESAM) participará en la obra La Cenicienta”.

“El municipio fue incapaz de acompañar esta información, entregando solo el presupuesto asignado al Departamento de Cultura, el cual tiene cifras globales asignadas, pero no apareciendo mencionado el dinero destinado a ESAM”, continúa lo expuesto por las autoridades comunales.

• SMAPA

Dentro del requerimiento aceptado por el Tribunal Electoral de la RM, se incluyen otras irregularidades respecto al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa).

“El ente contralor detectó que Smapa tenía demoras que iban desde los 30 días hasta los 295 días en la entrega de información hacia la Superintendencia cuando efectuaba las fiscalizaciones. La anterior tenía como consecuencia que la Superintendencia no contara con la información necesaria para poder sancionar o informarse del cumplimiento de distintos requerimientos que son propios de los servicios sanitarios”, dice el recurso.

Por otro lado, se denuncia a la exalcaldesa Barriga por promocionar su propia figura como autoridad. Se lee en el libelo que “la Contraloría General de la República calificó como ‘compleja’ la actitud reiterativa, grave y contraria a la probidad administrativa efectuada por la exalcaldesa de Maipú, la Sra. Barriga, consistente en utilizar recursos municipales para resaltar o promocionar indebidamente su imagen personal en el marco de la ‘Feria Fuerza de Mujer'”.

Además, se acusa a Cathy Barriga de no contar con mecanismos de “control jerárquico con relación al funcionamiento y ejecución de las compras públicas efectuadas al interior del municipio”.

De esta manera, los concejales advierten que el municipio de la comuna creó una administración paralela que le permitió “evitar fiscalizaciones y controles internos”, lo que habría permitido “reiteradas faltas a la probidad administrativa que le implican un fuerte detrimento económico al municipio en forma constante y permanente”.

“También se puede advertir que la exalcaldesa utilizó todas estas modificaciones administrativas para evitar la fiscalización en los momentos que se usó la municipalidad para beneficio propio, en especial para la alimentación de su imagen”, sentencia el requerimiento.

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